MANIFIESTO POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Las Universidades Públicas de España atraviesan un momento histórico que invita a la reflexión profunda. El Espacio Europeo de Educación Superior, que comenzará a aplicarse oficialmente en 2010, se está utilizando de parapeto para una vasta reforma que alcanza a todos los sectores que pueblan la enseñanza universitaria.

Desde hace varios años vienen teniendo lugar, a nivel europeo, fuertes recortes en derechos sociales, privatización de servicios públicos, como lo establecen los proyectos para una Constitución Europea o la Directiva Bolkestein, y precarización del mercado laboral, como la reciente aprobación del Libro Verde para la Modernización del Derecho Laboral . En este marco se encuadra el proyecto de reforma universitaria llevado a cabo en el estado español: la LOU (Ley Orgánica de Universidades) y la Convergencia Europea a nivel comunitario.

El proceso de convergencia europea en educación superior no es más que otra cara de lo mismo: aquella que considera al conocimiento como mercancía y a la universidad como un espacio donde invertir y obtener rentabilidad. Era ese el espíritu del Informe Universidad 2000 (Informe Bricall), el de la L.O.U (aprobada por el PP), que fijaba como objetivo “integrarse competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo que se está comenzando a configurar"; creaba un órgano universitario con participación empresarial, el Consejo Social; e introducía criterios no académicos de evaluación de la calidad de la enseñanza a través de la ANECA) y el de la reciente reforma de la LOU (PSOE), y es, por descontado, el hilo conductor de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.). También la enseñanza media ha sufrido su propia “revolución” gracias a la L.O.C.E y la más reciente L.O.E. Contra todas estas normativas, y en defensa de lo que es público, nuestro lema sigue siendo “NO a la mercantilización de la educación”.

Desde el Convenio de Lisboa de 1998 se han ido firmando en Europa declaraciones que desarrollaban esta concepción de la educación (la Soborna, Bolonia, Praga, Bergen…). Se comienzan a esbozar los objetivos de este proceso: competitividad de universidades, estructuración de los estudios, sistema de créditos, y movilidad de los estudiantes. Pero nada se dice de la universidad como espacio público y crítico. Estos documentos europeos se han traducido en el Estado español en los Reales Decretos de grado, posgrado, suplemento al título y ECTS, y en numerosos documentos elaborados por la ANECA, la Conferencia de Rectores, etc. El objetivo de todo ello es, en definitiva, supeditar la universidad a las necesidades del mercado: “la finalidad última será llegar a una formación competitiva de nuestros estudiantes para un mercado de trabajo que supera nuestras fronteras” (documento aprobado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

En esta llamada “sociedad del conocimiento” la flexibilidad se convierte en el criterio por excelencia; no hace falta saber, sino saber adaptarse. No hace falta conocimiento teórico, sino capacidades y destrezas. Lo que el mercado necesita son “tontos multiútiles” y flexibles. Así, nos proponen un nuevo modelo basado en el aprendizaje y no en la enseñanza, nos proponen un supuesto protagonismo del estudiante, nos proponen, en fin, un vaciar de contenido la educación superior convirtiéndola en otra cosa, en una formación descualificada que nos permita integrarnos en un mercado que cambia tan rápido que nadie sabe lo que necesitará mañana. En estrecha relación con esto aparece el concepto de “formación a lo largo de la vida”, que no es más que la necesidad de readaptar continuamente esa formación a aquello que las empresas necesiten en este preciso instante. A cargo, claro, del bolsillo propio o el de la empresa que además del dinero pone el temario.

Y para eso hay que transformar de arriba abajo la Universidad. Eso sí, con coste cero. ¿Quién va a financiar esta reconversión que carece de memoria económica? ¿Quién va invertir en educación en una sociedad en la que se huye del déficit público como de la peste? Si la financiación no va a ser pública será privada, y entonces no será la comunidad académica quien decida qué se estudia, qué se investiga y cómo, sino las empresas que inviertan a cambio de beneficios. De hecho, ya está ocurriendo: la mención de calidad de los doctorados y la aprobación de un proyecto de investigación dependen de la previa obtención de financiación “externa” (es decir, privada); las cátedras pagadas por empresas proliferan en las universidades, como es el caso de la cátedra Endesa en la Universidad Politécnica de Cataluña o la cátedra Respsol en la Carlos III de Madrid.

Con la nueva estructuración de las carreras se pretende crear una universidad destinada a formar trabajadores poco cualificados y flexibles con una titulación de Grado, quedando el Posgrado para quien pueda pagarlo. El Grado se entiende como una “capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el ámbito laboral europeo con una cualificación profesional adecuada”(Real Decreto 55/2005 de Grado) (por “adecuada” se entiende la obtención de las “capacidades” y “destrezas”) y es la formación destinada a la mayoría de los estudiantes. El Posgrado tiene como objetivo “la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora” (Real Decreto 56/2005 de Posgrado) y, muy previsiblemente, será la parte de los estudios dedicada a la especialización al que tan solo un 30% de los graduados podrán acceder. Habrá una subida de tasas, y por tanto una elitización de la educación.

Para homologar los títulos en Europa se crea un nuevo sistema de créditos: el ECTS (European Credit Transfer System). Se persigue la homogeneización de los estudios a nivel europeo. El ECTS medirá el “volumen total de trabajo” del alumno, tanto en las aulas como fuera de ellas. Establece una media de 40 horas semanales de dedicación, excluyendo así a aquellos que trabajen a la vez que estudien. Si a esto le sumamos la subida de tasas el resultado es sencillo: sólo podrá estudiar aquel que se lo pueda permitir. Ya se habla de las becas-crédito, que en lugar de ser una ayuda del Estado, son préstamos bancarios que después hay que devolver con intereses. Además, disminuye el número de horas lectivas; la figura del profesor ya no es importante puesto que ahora no se trata de obtener conocimiento sino de “gestionarlo” y aprender a aprenderlo (nosotros tampoco lo entendemos). El proyecto Tuning, encabezado por las universidades de Deusto y Groningen intenta ser un “afinamiento” de la estructura educativa europea centrándose en las “habilidades, destrezas y competencias”, presentando como revolución pedagógica una reconversión de la universidad en función de las demandas empresariales.

Toda esta situación ha sido agravada por la crisis y ya podemos ver como en la comunidad de Madrid se ha reducido un 30% el presupuesto dirigido a las universidades. Nos dicen que no hay dinero para la educación de todos pero se entregan miles de millones de euros a aquellos que nos han llevado a la crisis y que hoy en día quieren hipotecar nuestro futuro. A partir de ahora el gasto recae sobre nosotros y podemos ver cómo han subido las tasas de matriculación. Ante esto la alternativa que nos propone el Ministerio de Educación para que todo el mundo pueda estudiar es la de hipotecarnos con las Becas-Préstamo. Pedimos, por el contrario, más y mejores becas para todos y no sólo para los alumnos talentos. Reivindicamos una mayor financiación pública de las Universidades para llevar a cabo las reformas que necesita y no creemos que la búsqueda de financiación privada vaya mejorar esta situación. Denunciamos el nuevo Plan de Investigación propuesto por el Ministerio de Ciencia e Innovación en su Estrategia 2015, que se basan en reforzar los lazos entre la Universidad y la empresa, lo que significa privatizar las patentes que salgan de las investigaciones realizadas con fondos públicos e implica la pérdida de la función pública y social que cumplen las universidades, instrumentalizándola al servicio de los intereses privados que buscan su propia rentabilidad. Nos posicionamos también en contra de los créditos europeos, que exigen un estudiante a tiempo completo, estableciendo la asistencia obligatoria y suponiendo con ello la exclusión de quienes compaginen estudios y trabajo. Esto no sólo está afectando a la Enseñanza Superior, sino que también está afectando al bachillerato, con la reforma de la prueba de selectividad, que supondrá un nuevo filtro para el acceso a la Universidad. Por esto, los compañeros de instituto se manifestaron por todo el país el 22 de octubre. Esta lucha forma parte de la misma lucha contra Bolonia.

Quien no sabe no se posiciona. ¿Por qué no se ha preguntado a la comunidad universitaria sobre los cambios que harían falta en la universidad? ¿No se pretende dar un mayor protagonismo a los estudiantes? Entonces, ¿por qué en este caso se nos tapa la boca como si fuéramos menores de edad y se decide a nuestras espaldas como si nada tuviéramos que decir? ¿Por qué en cambio se ha preguntado a los empresarios sobre los déficits que presentan los recién licenciados a la hora de entrar en una empresa?

Llamar reforma universitaria a todo esto es una tapadera que oculta las verdaderas intenciones de este proceso. Alumnos y profesores de distintas universidades se han dado cuenta y no se han quedado de brazos cruzados. Los estudiantes, a los que cada vez se da menos voz, nos hemos organizado contra la privatización de la universidad. Si no nos dan voz gritaremos más fuerte y conquistaremos el espacio público, que por derecho nos pertenece.

No estamos dispuestos a dejar que desmantelen la Universidad. La educación es un derecho de todos: no queremos ser rentables, no queremos al sector privado en la universidad, no queremos que las empresas decidan qué estudiamos y cómo, no queremos una educación basura para un mercado basura.